Rousseff se pronunció durante un acto en el que inició un nuevo mandato el procurador general de la República, Rodrigo Janot, uno de los responsables de la investigación del caso Petrobras, que salpicó a medio centenar de políticos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró que «nunca se combatió tanto la corrupción» en el país como durante su gobierno y subrayó su deseo de que «las duras sanciones de la ley recaigan sobre todos aquellos que practicaron actos ilícitos», al tiempo que el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, recibió de manos de un ex ministro de Justicia otro pedido de destitución de la mandataria.
En su discurso, la presidenta subrayó su respeto por la independencia del Ministerio Público y por las investigaciones que lleva a cabo, pero también volvió a enviar un mensaje a los partidos de oposición que intentan promover un juicio político con miras a su destitución.
«Todos queremos un país en el que la ley sea el límite», en el que «los jueces juzguen con imparcialidad, sin pasiones políticas», y «los políticos luchen por el poder con los votos y acepten el veredicto de las urnas», declaró Rousseff, reelegida para un segundo mandato que comenzó el pasado 1 de enero.
También instó a que «el debate de ideas se dé en un ambiente de civilidad y respeto» y pidió que «todos contribuyan para que el respeto y la diversidad vuelvan a imperar».
Según Rousseff, «en estos tiempos en que la lucha política genera calor, cuando debía emitir luz, se hace más relevante el papel del Ministerio Público como defensor de la ley» y de los principios democráticos.
«Esta democracia no es perfecta, porque nosotros no somos perfectos, pero tenemos que defenderla para mejorarla, no para sepultarla», dijo Rousseff, quien citó de esa forma al ex presidente de Uruguay José Mujica.
Del otro lado, el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, recibió de manos del ex ministro de Justicia Miguel Reale Junior un documento que complementa el pedido de destitución de Rousseff presentado por otro jurista fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
El acto de entrega del documento estuvo a cargo de Reale y de María Lúcia Bicudo, hija del reconocido jurista Hélio Bicudo, autor del pedido de destitución de Rousseff más fundamentado desde el punto de vista jurídico de los 13 que la Cámara Alta recibió desde que la presidenta asumió su segundo gobierno.
«Lo que nos une fundamentalmente a Bicudo y a mí es que somos luchadores antiguos en pro de los derechos humanos. Luchamos contra la dictadura de los fusiles y ahora estamos juntos para luchar contra la dictadura de los sobornos», dijo Reale, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
Sus dichos aluden a la lucha que libraron socialdemócratas y miembros del PT contra la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, y también al escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
Bicudo, quien como procurador de Justicia entre 1947 y 1979 combatió al Escuadrón de la Muerte, alega en su petición que Rousseff incurrió en delito de responsabilidad al maquillar las cuentas públicas de 2014, algo que está siendo analizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que decidirá próximamente si aprueba la rendición de cuentas del pasado gobierno de Rousseff.
Además, acusa a la presidenta de haber estado al tanto de los fraudes cometidos en Petrobras en la época en que ella presidía el Consejo de Administración de la estatal, desde el 2003 al 2010.
Reale llegó a decir incluso que «la dictadura de los sobornos es más maliciosa que la de los fusiles.
«La dictadura de los sobornos es esa que corroe la democracia por dentro, que elimina la independencia y la honradez del Congreso a través de la compra de partidos políticos y de apoyo de diputados. Es peor que la dictadura de los fusiles, que se enfrentan frontalmente. La otra debe ser descubierta. Y lo fue», aseveró.
Ahora, Cunha tiene la potestad de resolver si el pedido para iniciar un juicio político a Rousseff debe seguir su curso o será archivado. El legislador no quiso informar cuándo prevé anunciar su decisión.
Cunha pertenece al principal aliado del gobierno de Rousseff, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aunque se ha posicionado como detractor de la presidencia y llegó a romper relaciones de manera explícita en julio, después de ser denunciado por la Policía como presunto beneficiario de sobornos en el marco de los ilícitos cometidos en Petrobras.