El caso Ayotzinapa se ha convertido en el más polémico en cuanto personas desaparecidas en México.
Cifras oficiales indican que los desaparecidos sumaban 23.271 en diciembre de 2014, pero organizaciones sostienen que el número es muy superior.
El vicepresidente del Parlamento mexicano, Alejandro Ojeda, instó a las fracciones a discutir y seguidamente a aprobar la Ley General sobre Desapariciones Forzadas, con el fin de establecer un registro confiable de los casos y, con ello, establecer mecanismos para atenderlos.
El llamado de Ojeda coincide con la divulgación de la cifra de desaparecidos en México, la cual se ubicó en 23.271 hasta diciembre de 2014, según la Procuraduría General de la República (PGR).
En ese sentido, el vicepresidente del Parlamento aseguró que la mencionada cifra podría ser mayor, por lo que señaló la importancia de que el Congreso “brinde una respuesta rápida y expedita” para generar los mecanismos que “agilicen la acción gubernamental para atender estos casos”.
Según el artículo 73 de la reforma constitucional, publicado en Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, se establece un lapso de 180 días para aprobar dicha materia legal.
Según cifras del gobernador del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega, solo en esa entidad federativa han desaparecido en los últimos 10 meses más de 400 personas.
Uno de los casos que más ha conmocionado al país latinoamericano ocurrió precisamente en ese Estado: el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ese hecho, que no ha logrado resolverse aún, ha provocado continuas manifestaciones en diferentes lugares de México para exigir justicia al Ejecutivo federal.
Ojeda resaltó que la legislación debe responder a la necesidad de abordar la problemática de la desaparición de manera integral, con enfoque jurídico, forense y psicosocial, concentrando la actuación del Estado en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas y la atención a familiares de personas afectadas, destaca el portal diputados.com.mx.
Se pretende, según Ojeda, recoger propuestas ciudadanas que cuenten con el aval de las organizaciones sociales, para acabar con la burocracia que afecta la resolución de este delito.
“La desaparición forzada de personas implica no solo el delito con la persona desaparecida, sino también en perjuicio de la familia, ya que actualmente tienen que iniciar un calvario en la búsqueda de su pariente, sumándose a esto que no existen las herramientas legales para facilitarla”, sostuvo.
En contexto
De acuerdo al portal Contralínea, desde 1999 México pugna por una ley que combata la Desaparición Forzada y dé con las víctimas.
De 2012 a 2015 se han creado 35 iniciativas para impulsar un instrumento legal en esta materia.
En abril de este año se logró la reforma constitucional, que permita la creación de leyes de este tipo.
En septiembre de 2014, México vivió uno de los casos más graves de desaparición: el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que no ha logrado resolverse aún, por lo que en diferentes estados del país se han producido continuas manifestaciones para exigir justicia al Ejecutivo federal.
Fuente TeleSUR