La oposición española exigió explicaciones a Rajoy, después de salir a luz que uno de sus ministros se reunió con el ex vicepresidente y ex director del FMI, Rodrigo Rato, en plena investigación en su contra por corrupción.
El ministro en cuestión es el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los funcionarios de máxima confianza de Rajoy y amigo de Rato.
El encuentro, revelado por la prensa española, tuvo lugar en la sede ministerial el 29 de julio, una semana después de que Rato acudió a los tribunales y se negó a declarar ante el juez que investiga su patrimonio y actividad empresarial.
El magistrado lo imputó por presuntos delitos fiscales y recientemente elevó el caso a la Audiencia Nacional al apreciar indicios de blanqueo de capitales.
A través de un comunicado, el Ministerio de Interior confirmó que efectivamente la reunión se produjo, pero aseguró que fue de carácter «exclusivamente personal» y «completamente al margen de la situación procesal» de Rato.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que depende del Ministerio de Interior, está investigando al ex vicepresidente económico de José María Aznar (1996-2004), pero «bajo la dirección de las autoridades judiciales», aclaró el Ministerio.
Ante la escandalosa reunión entre Rato y Fernández Díaz, revelada el fin de semana por el diario El Mundo, el portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Congreso, Antonio Hernando, afirmó que es «inconcebible» que Rajoy no conociera que se iba a producir, por lo que exigió responsabilidades.
Fernández Díaz es una persona del círculo de confianza de Rajoy, por eso «esto implica también al presidente del gobierno y tendrá que terminar dando explicaciones en sede parlamentaria», dijo Hernando en declaraciones a la Cadena Ser.
«Nos parece gravísima esta interferencia del poder Ejecutivo en una investigación del Poder Judicial; por muy importante que sea el señor Rato, es inaceptable», añadió.
Según Hernando, el gobierno de Rajoy «ha perdido la decencia y la vergüenza» y tiene que dar explicaciones porque se trata de un tema «muy grave», ya que así como Rato «tiene mucha información sobre el PP (Partido Popular) de la misma manera el Ministerio del Interior tiene toda la información de las fuerzas de seguridad del Estado».
«Recibir en sede ministerial a Rato después de ser imputado por delitos tan graves demuestra que es la espina dorsal (del PP) la que está podrida y no son manzanas podridas», sostuvo por su parte Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía.
Desde Ciudadanos, el subsecretario de Organización y Relaciones con Partidos Políticos, José María Espejo Saavedra, criticó al ministro Fernández Díaz por su «falta de rigor institucional» y también exigió explicaciones.
«Nos parece absolutamente falto de todo rigor institucional que un ministro se reúna con una persona imputada en dependencias públicas y del Ministerio del Interior, que es el que tiene encomendado por parte del Estado la persecución de los delitos, y entre otros los que está imputado Rato», sostuvo Espejo Saavedra.
En tanto, Izquierda Plural registró en el Congreso de los Diputados un pedido para que Fernández Díaz comparezca para explicar la reunión con el ex banquero y dirigente conservador, quien tiene abierta tres investigaciones por «graves delitos de corrupción».
El diputado Ricardo Sixto acusó a Fernández Díaz de estar dando «cobertura» a Rato, porque es «inasumible» que un miembro del gobierno «reciba en su propio despacho» a una persona con «varias causas penales abiertas» y que además dijera que el encuentro se produjera «con cordialidad».
En su nota de ayer, Interior afirma que fue Rato quien solicitó la entrevista y que no abordar su situación procesal fue «condición previa a la realización del encuentro».
De acuerdo con la versión oficial, el ministro accedió a recibir a Rato en el Ministerio porque así «garantizaba absoluta transparencia y no había nada que ocultar». «Sin duda era más adecuado hacerlo en la sede del Ministerio que en el reservado de un restaurante o en un lugar similar», enfatizan.
Por otro lado, el Ministerio concluye aclarando que «no se ha realizado ningún tipo de gestión ni ninguna iniciativa que tenga que ver absolutamente nada ni directa ni indirectamente con la situación procesal del señor Rato».
«Pensamos que es inadmisible en un estado democrático que puedan celebrarse reuniones de este tipo. El hecho de que hasta ahora no se diga nada y que haya especulaciones es lo que nos preocupa. Puede haber un contenido lesivo para la independencia judicial y para la investigación», advirtió el presidente de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.
Rato fue detenido fugazmente el 16 de abril pasado para presenciar los allanamientos en el marco de una investigación en su contra por presuntos delitos de evasión fiscal, blanqueo y alzamiento (ocultamiento) de bienes -este último descartado por el momento-, sustentado en un informe de la Oficina Antifraude (ONIF).
La semana pasada, tras recibir un segundo informe de la ONIF, el juez de la causa, Antonio Serrano Artal, elevó la investigación a la Audiencia Nacional.
El diario El Mundo publicó ayer que las últimas investigaciones contra Rato apuntan a que cobró comisiones a proveedores de Bankia, que desvió a empresa pantallas.
Rato suma otras dos causas judiciales en su contra, una por presunto fraude en relación con la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad financiera que presidió y a la que llegó gracias a su peso político en el PP; y otra por el uso indebido de «tarjetas en negro» en Caja Madrid y Bankia.
La profundización del escándalo de Rato, un símbolo del establishment financiero y económico de España, amenaza al PP de Rajoy, quien a fin de año buscará su reelección.
