El juez federal Claudio Bonadío fue denunciado por supuesto «prevaricato», «denegación y retardo de justicia», «malversación de caudales públicos» y «violación de los deberes a su cargo», en su actuación en la causa Hotesur, tras ser apartado del expediente por la Cámara Federal porteña. La presentación la realizó el abogado Gregorio Dalbón.
La denuncia quedó radicada ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, tras el sorteo realizado en los tribunales federales del barrio porteño Retiro.
Dalbón denunció a Bonadío, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 11 de la Capital Federal, en base a la resolución de la sala I de la Cámara Federal que lo apartó del trámite de la causa Hotesur, y que ahora debe decidir si son válidos los allanamientos ordenados por Bonadío con anterioridad a la resolución, mientras que la fiscalía deberá resolver si impulsa la denuncia.
En la denuncia, el abogado aludió a «una clara y notoria actitud» del magistrado denunciado de «obstaculizar, en forma indebida, la actividad de las defensas que intervienen en el proceso al no permitirles ejercer el control de los medios de prueba ordenados durante su sustanciación, violando los deberes atinentes a su cargo y dictando resoluciones contrarias a la ley invocada por las partes», según consta en la presentación.
«Al menos vengo a requerir la apertura del sumario pertinente a fin de que sea dispuesto su procesamiento y posterior enjuiciamiento y condena en base a las consideraciones de hecho y de derecho que, seguidamente, enuncio», dice el texto de la denuncia.
Para el denunciante, Bonadío actuó «violando los deberes atinentes a su cargo y dictando resoluciones contrarias a la ley». El abogado recordó que en los fundamentos para apartarlo, la Cámara remarcó que Bonadío omitió citar a las partes para designar peritos contables para el inicio de una pericia en la causa en la que están imputados los titulares de Hotesur, entre ellos Romina Mercado.
Dalbón denunció al juez por supuesto prevaricato, denegación y retardo de justicia y también por «malversación de caudales públicos», a raíz de los gastos que pudo haber ocasionado el traslado de la Policía Metropolitana hasta Santa Cruz para los allanamientos.