La Cámara Venezolana de Alimentos rechazó el desalojo de la mayor planta de distribución y alertó sobre las «implicaciones» que puede tener en el abastecimiento.
«La Cámara Venezolana de Alimentos (Cavidea) expresa preocupación por el riesgo que corre la estabilidad laboral de miles de venezolanos y alerta acerca de las implicaciones que una medida como esta tiene sobre el normal abastecimiento de alimentos en la ciudad capital y zonas cercanas», dijo la cámara en un comunicado.
Según esta institución, el desalojo de estas instalaciones que sirven a empresas como Polar, Nestlé, Cargill y Pepsi Cola afectaría los empleos directos de unas 1.500 personas y los ingresos por empleos indirectos de otras 4.000.
La cámara señala, además, que estos son «espacios desde donde se realizan importantes actividades comerciales e industriales para el transporte y la distribución de sus alimentos y bebidas a la Gran Caracas y zonas aledañas».
En el escrito, Cavidea también señala que la medida de ocupación atenta «contra la soberanía alimentaria de los venezolanos», pues afecta directamente la operación logística de distribución de alimentos y bebidas, «que es la que permite hacer llegar de manera eficiente los productos a los puntos de venta».
La Cámara de Alimentos apunta que expropiar y ocupar instalaciones industriales activas «no contribuye con la confianza y la seguridad necesarias para que la empresa privada siga fortaleciendo la producción nacional».
El secretario general del sindicato de Pepsi Cola en la región metropolitana, Bladimir Camargo, dijo este jueves a EFE que el miércoles pasado una juez de un tribunal dictó la medida de desalojo, levantó un acta y estableció un plazo de 60 días para dejar las instalaciones.
La medida, según Camargo, es el resultado de un decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial en 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), que ordenó el uso de los terrenos para la construcción de viviendas del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
«El proyecto no fue solamente para la zona en la que estamos nosotros, sino que involucra a ocho o diez galpones más, entre ellos Coca Cola, a los que anoche (miércoles) les notificaron y ellos desalojaron, Cargill, el Banco Provincial, lo que abarca más o menos unas 140 hectáreas de terreno», añadió.
La medida ha generado el rechazo de sectores de la oposición que han considerado que el procedimiento es una «expropiación» que además se realiza precisamente cuando el país atraviesa una crisis de abastecimiento y escasez de productos básicos, incluyendo alimentos esenciales.
Violencia y saqueos
La violencia estalló en la población de Chirica, en San Félix, estado Bolívar, cuando habitantes del lugar saquearon el establecimiento Uniferia e intentaron hacer lo mismo en algunos establecimientos aledaños. En medio de la confusión y de la represión de la Guardia Nacional, Gustavo Patiñez, de 21 años, recibió un disparo en el pecho. Las imágenes rápidamente se multiplicaron por las redes sociales. En las fotos se ve cómo se desangra en plena calle, sin recibir atención.
La economía de Venezuela mes a mes registra índices cada vez más alarmantes. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro insiste en negar la realidad, el país está sumido en una profunda crisis de desabastecimiento provocado por las transnacionales golpistas. El economista Ángel García Banchs, director de la firma Econométrica, indicó que la economía venezolana está cerca de agotar completamente su inventario de productos.
En su último informe, el banco de inversión JP Morgan alerta de que «la inflación y la escasez se han convertido en un asunto extremo». Asegura que a pesar que el precio promedio del crudo venezolano finalizó en 90 dólares en 2014, la balanza de pagos, que registra los ingresos y egresos, ya estaba bajo presión porque el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) sufrió una fuerte contracción.
El influyente banco calcula que la caída de la economía en 2014 fue del 4 %, una cifra que tiene una seria consecuencia en la baja de la demanda doméstica, es decir, el poder de compra del ciudadano venezolano.