El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Salta por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la última dictadura, con seis imputados y 18 víctimas, entre las que se encuentra el ex gobernador Miguel Ragone, entrará hoy en su etapa final, cuando se inicien las audiencias de alegatos.
«Creemos que hay pruebas razonables y suficientes para que el tribunal se convenza que la pena tiene que ser la máxima, que es la que vamos a pedir», expresó Martín Ávila, que junto a Gastón Casabella integran la querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia.
El letrado especialista en Derechos Humanos explicó que las querellas van a comenzar con los alegatos en la audiencia del lunes, en los tribunales federales salteños, y señaló que en todo este proceso «sigue existiendo un gran ausente, que es el ex juez federal Ricardo Lona», investigado por su inacción en los hechos de lesa humanidad de la última dictadura militar.
Se trata del séptimo juicio que se lleva adelante en Salta por delitos de lesa humanidad y está a cargo del Tribunal Oral Federal integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi.
En este proceso, que comenzó el 2 de diciembre último, son seis los imputados: el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, además los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro.
Los últimos tres están imputados en la segunda causa que investiga el secuestro y la muerte del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone, ocurrida el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento a Güemes, de la capital provincial.
Además de Ragone, las víctimas fueron Santiago Arredes, Margarita Martínez de Leal, Rubén Yáñez Velarde, Ramón Díaz Romero, René Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú y Lucrecia Barquet. También Hugo Maza, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez.
De las 18 víctimas, cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.
Los defensores de los acusados son los oficiales María Ximena Colombres y Oscar del Campo, mientras que los fiscales que actúan en este debate son Francisco Snopek y el ad hoc Juan Manuel Sivila.
Casabella y Ávila están a cargo de la querella conjunta de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, y Matías Duarte representa a la querella de la familia Ragone.
Este debate analiza un total de diez expedientes de los doce inicialmente previstos, debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años.
