El Gobierno puso en marcha una mesa de coordinación con todos los representantes del sector privado de la salud –prepagas y obras sociales– para establecer un trabajo conjunto con el sistema público para enfrentar la pandemia del coronavirus y superar «la histórica diferencia entre los subsectores y la falta de coordinación», tal como señaló el ministro de Salud, Ginés González García.
La mesa servirá para realizar intercambios sobre causística y tratamientos, pero principalmente busca coordinar la cantidad de camas de terapia disponibles para el pico de contagios, que se espera en mayo
El ministro de Salud había sugerido el miércoles que se estaba evaluando emitir un DNU que declarara de «interés público» todo servicio de salud. Si bien no habían trascendido detalles, González García había indicado que el objetivo era asegurar «un tratamiento igualitario para todos los argentinos», una medida similar a la que implementaron en Irlanda y España.
Tras cuestionamientos que llegaron desde el sector privado, este jueves el ministro se reunió con los empresarios. En el encuentro se definió la creación de una mesa de coordinación mutua entre el sector privado y el público para establecer estrategias. De todos modos, desde la cartera sanitaria informaron que se va a «trabajar en conjunto algún instrumento a definir que declarará a todo el sistema de salud con fines públicos”.
Cuando el ministro anunció la posibilidad del DNU, reaccionaron algunos representantes del sector privado que abarca obras sociales y prepagas. Lo hicieron a pesar de la explicación previa del funcionario: “No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, había remarcado.
Igual, los empresarios buscaron instalar la duda sobre qué podía pasar con el sistema una vez terminada la pandemia: esgrimieron el “derecho preexistente”, hablaron del «esfuerzo» que hace el sector y azuzaron el temor de los afiliados que, en redes sociales, empezaron falsamente a preguntarse para qué pagan una prepaga si van a terminar siendo «atendidos en un hospital público», y preguntaron si pueden presentar algún amparo.
Pero, según explicó Leonel Tesler, director del departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de UNPaz y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, el problema es más terrenal que la fantasía de la estatización y la preocupación por los usuarios. “Desde el 2000 el Estado subsidia a todo el mundo por igual en prestaciones que son caras en todo el mundo, como los tratamientos oncológicos o por discapacidad. Y el Estado, aun cuando seas usuario de medicina privada les subsidia determinadas prestaciones. Y una internación por coronavirus en terapia intensiva, con respirador, es muy cara, y lo que tienen miedo es de que se les genera una deuda que no puedan cobrar”.
En cualquier caso, mientras el lobby mediático que sintoniza con los intereses empresarios intentaba esmerilar la propuesta oficial, el funcionario se reunió en la sede de la cartera sanitaria con representantes de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confecisa), de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp) y distintas obras sociales.
En la reunión, de la que también participó el superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, se acordó una mesa de coordinación para poder dar una respuesta integral entre el sector público y privado con cada una de las jurisdicciones para poder hacer frente a la sobredemanda de camas críticas que se estima serán necesarias cuando llegue el pico de infectados por el Covid-19 que se calcula para fines de abril, aunque otras estimaciones ya hablan de mediados de mayo.
“La histórica diferencia entre los subsectores y la falta de coordinación debe ser superada por las necesidades del país y circunstancias actuales», dijo el ministro, quien remarcó que «juntos y coordinados, con todo el apoyo del Estado nacional para todos, vamos a tener mejores resultados”. Además, destacó que “es necesario que junto con la coordinación de entidades científicas, expertos y gobiernos, también estemos coordinados los que brindamos servicios públicos y privados en todo el país y para toda la población”.
Luego del encuentro, Gabriel Barbagallo, gerente de relaciones institucionales de OSDE y secretario de la Unión Argentina de Entidades de la Salud, dijo que «la reunión fue muy satisfactoria. El ministro nos convocó por el estado publico que generó el posible DNU. Un poco para llevar tranquilidad. El ministerio lo que pretende es ejerce el poder de rectoría que tiene. En ningún momento tenía pensando apropiarse del destino de las camas. Solo pedía trabajar en coordinación para hacerle frente a la pandemia. Lo bueno es que se trabajó en armar una mesa de diálogo».
En ese marco, también se acordó que se definirá algún instrumento, posiblemente una resolución ministerial, para declarar a todo el sistema de salud con fines públicos, como propuso González García. Una medida que ya había encontrado eco en el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien manifestó: “No tengo ninguna duda que en una pandemia todo el sistema de salud de los argentinos tiene que ser de interés público, hay que ser solidarios entre los subsectores”.
Por otra parte, la iniciativa va en consonancia con las medidas que viene tomando el Ministerio de Salud desde que se propagó la epidemia para concentrar las decisiones estratégicas en la cartera sanitaria. Para lo cual dispuso que «las empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de ventiladores mecánicos invasivos no podrán hacer entrega de unidades sin previa autorización expresa del Ministerio de Salud, independientemente de la existencia de orden compra, contrato u obligación de cualquier naturaleza que hubieran contraído”; a lo que se sumó la centralización de la compra de insumos, que obliga a las empresas a entregarle a la Autoridad Sanitaria Nacional (léase Ministerio de Salud) los elementos, que luego serán distribuidos de acuerdo al mapa de riesgo.
Desde la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) manifestaron el apoyo a las medidas que viene tomando el gobierno para manejar la epidemia y remarcaron que “independientemente de quién gestione, la salud siempre es pública”. Y en este sentido, señalaron que están de acuerdo en que ante la pandemia de Covid-19 se centralice la gestión y se regule la compra y puesta a disposición de los recursos. E hicieron hincapié en que en que “se obligue a los empleadores a respetar las normas de protección” y que no se despidan a médicos monotributistas.
