El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia reiteró este lunes el llamado al presidente Iván Duque para que participe en un diálogo inclusivo con los integrantes del Comité del Paro, tras 12 días de protestas masivas contra su Gobierno en varias localidades de la nación.
«Llamamos al presidente a dialogar con el Comité en la búsqueda de salidas estructurales a esta crisis económica, social, cultural y ambiental que vive nuestro país», indicó la organización.
A través de un comunicado, el CRIC afirmó que los colombianos más pobres no tienen derecho a la vida, a la justicia, la paz, y añadió que los pueblos indígenas tienen la misión de trabajar para lograr transformaciones palpables, que no queden en palabra muerta.
En ese sentido, el Comité del Paro, junto a congresistas de la Bancada por la Paz y el movimiento Defendamos la Paz, mostraron su disposición a una conversación inclusiva y democrática con Duque mediante una Mesa Nacional de Diálogo.
Además, exigen que «se garantice el ejercicio del derecho a la protesta, se desmilitaricen las ciudades y cese toda acción violenta contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía por parte de la Fuerza Pública y, en especial, del Escuadrón Móvil Antidisturbios» (Esmad).
Gobierno acepta crear nueva mesa de diálogo
Tras rechazar el primer intento de diálogo propuesto por Duque al considerar que era excluyente, el Gobierno colombiano anunció que acepta crear una nueva mesa de diálogo con los organizadores de las jornadas del paro nacional, así como discutir sus demandas.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, informó que prevén iniciar estas conversaciones «en el menor tiempo posible», en el marco de la convocatoria a otra gran movilización para el próximo 4 de diciembre.
Algunas de los puntos a discutir que plantea el Comité del Paro son: La depuración de la Policía, disolver al Esmad, fuerza pública que ha reprimido fuertemente a la población que acude a las protestas pacíficas; reformas laborales y tributarias, así como el cumplimiento por parte del Gobierno de los Acuerdos de Paz.