San Luis (LaNoticia) 07-06-2019. De cara a la interpelación a la que Ernesto Alí, ministro de Seguridad de la Provincia deberá presentarse, no es la primera, pero han pasado muchos años de las últimas dos.
La primera de estas, fue en 1992, por un caso que conmocionó y que en estos días algunos medios trajeron a la memoria de los puntano, es el caso del asesinato de Carlos Luna y Fernando Martínez, el interrogatorio que duró cerca de 24 hora, fue al ministro de Gobierno de ese entonces, Víctor Nicanor “Petete” Liceda, durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá.
En esa época recién se había aprobado el “per saltum” y aplicaron esa medida en el caso Luna-Martínez, el Superior Tribunal tomó para sí la instrucción penal de la causa y designado como instructor a Luis “El Negro” Escudero Gauna, y en ese momento hicieron una “barrabasada” (según nos confió un abogado de la época) como había sido con los Amitrano, (familia acusada por Adolfo Rodríguez Saá por televisión por ser dueños del campo lindante donde encontraron los cuerpos de los dos menores). Este fue el motivo de la interpelación a Liceda.
Esta maniobra del “per saltum” fue utilizada para poder “manipular” la causa Luna-Martínez, ya desde el primer momento ocurrieron miles de irregularidades como el “lavado de los cuerpos en la morgue de San Luis, en la que se perdieron todas las pruebas” entre otras cuestiones, con el correr de los años, se pudo comprobar que la familia era inocente, y recién la causa tuvo un “final” en el 2011 cuando le dictaron la prisión preventiva como autor de los crímenes a Pablo Francisco Escobar, alias “El Tenaza”, amigo de los niños con 12 años, quien ya estaba en la cárcel por otras causas.
El otro integrativo a un ministro fue al año siguiente, 1993, y en esa ocasión, Hugo Marín, ministro de Hacienda, también durante el gobierno de Adolfo, tuvo que responder por el decreto 170, que cuadruplicaba el valor fiscal de los campos en San Luis, por ende, a quienes tenían campo se le aumentaron las alícuotas del impuesto inmobiliario de manera espantosa, y no solo pasó eso, si no que muchos de los dueños de campos empezaron a pagar un impuesto de la DGI, que vendría a ser hoy equivalente al impuesto a los bienes personales.
Durante los años siguientes al decreto, muchos dueños de campos, tuvieron que vender a bajos costos por las deudas que tenían, al no poder pagar ninguno de los impuestos que el ejecutivo de Adolfo Rodríguez Saá les puso en el camino. En ese momento según dicen las malas lenguas, muchos de los integrantes del gobierno pudieron acceder a frondosos campos pagando “2 pesos”.
Estas dos fueron las ultimas interpelaciones a ministros en San Luis.
Federico Capella
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