San Luis (LaNoticia) 16-04-2019. El reconocido abogado, Ricardo André Balza aseguró que en el juzgado que investiga la muerte de Diego Ernesto Gil están «dilatando» el proceso judicial, ya que la semana pasada debido a la falta de notificación los internos no fueron trasladados desde la cárcel a Tribunales, para prestar declaración testimonial.
«El juzgado ha omitido librar oficios a otros juzgados de V. Mercedes y exhortos a dos cámaras penales para que tomen razón de las declaraciones que deben prestar los detenidos que están a disposición de ellos. Es tramite interno simple, que al no hacerse dilata todo el proceso penal. Dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay», afirmó el abogado.
Gil murió el 6 de septiembre de 2018, luego de estar tres días internado en el Complejo Sanitario San Luis y sumado a los 15 días anteriores que también pasó en el Complejo «en estado de abandono dentro de la penitenciaría, lo que puso en riesgo su salud y que derivó en la muerte», está situación llevó a la familia del interno a solicitar una investigación judicial por la presunta comisión del delito de abandono de persona, seguido de muerte».
Según el abogado que representa a los familiares del interno, la denuncia apunta a investigar las conductas del entonces ministro de Seguridad Diego González, del jefe penitenciario Segundo Giménez y del médico responsable del departamento de sanidad que funciona dentro del Servicio Penitenciario San Luis.
Hay varios privados de la libertad que habían sido solicitados como testigos de lo sucedido con Gil, ellos pueden aportar detalles del estado de salud dentro del penal del hoy fallecido. «Nos encontramos con una particular sorpresa, porque supuestamente ha habido una falla en las comunicaciones y no se han librado los oficios suficientes para el traslado de los internos al juzgado», indicó Balza.
El letrado informó ayer que aún el juzgado no ha dispuesto las nuevas fechas para la realización de las audiencias testimoniales. Asimismo, Bazla solicitó públicamente más información sobre los sumarios administrativos que desde el Ministerio de Seguridad se comprometieron iniciar contra el personal del penal involucrado.
Cristina Sosa Puebla
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