El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación contra el juez Claudio Bonadio, su par Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro y el detenido Marcelo D´Alessio por «truchar» un acta de audiencia testimonial en la causa por la compra de gas licuado con presuntos sobreprecios.
Según revelaron fuentes judiciales Pollicita solicitó una “serie de medidas” de prueba para avanzar con el esclarecimiento de la denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero.
El letrado acusó a los cuatro imputados de concretar maniobras ilegales para «mantener vigente» el expediente sobre la adquisición GNL y direccionarlo contra Cristina de Kirchner. La denuncia recayó en el juzgado federal en los Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. La presentación formó el expediente 2.731/2019. La imputación es por falsedad ideológica, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios público y falso testimonio.
Las fuentes consultadas informaron que las medidas pedidas por el fiscal Pollicita se “están produciendo” en el juzgado de Ramos, pero evitaron dar más detalles para no perjudicar la investigación.
Este jueves trascendió que en otra causa, la del espionaje ilegal y la extorsión, Natalia Salvo, abogada del empresario Pedro Etchebest, solicitará la declaración del periodista Santoro ante el juez Alejo Ramos Padilla.
Martínez Herrero asegura que los cuatro acusados acordaron una estrategia judicial y mediática para que «no se caiga» el expediente, luego que la Cámara Federal revocó una pericia determinante. La investigación por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) está bajo custodia de Bonadio.
Ese trámite se inició en 2014 a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, quienes aseveraron que en las importaciones participaron las empresas ENARSA e YPF. Según esa pesquisa, desde 2008 a 2015 arribaron para descargar GNL 232 barcos al puerto de Bahía Blanca y otros 265 al de Escobar. Por esta situación, el juez consideró que hubo una maniobra defraudatoria que provocó un perjuicio económico por unos u$s 7.000 millones porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los valores de mercado.
A esa conclusión llegó el magistrado con una pericia oficial de David Cohen, que se demostró fue técnicamente mal confeccionada, con valores erróneos para los cálculos, referencias documentales inexistentes y presumiblemente plagiadas de sitios de internet. Con esa misma pericia Bonadio procesó y dispuso prisiones preventivas sobre exfuncionarios. Pero tras la desestimación de ese informe clave, la Cámara revocó todas las actuaciones, el juez dio marcha atrás y el perito Cohen terminó enjuiciado.
“Es entonces, cuando el señor Marcelo D´Alessio se presenta ante el fiscal Carlos Stornelli, y declara en dos oportunidades para mantener la causa vigente e impulsarla contra la ex presidenta de la Nación”, afirmó Martínez Herrero ante el secretario de Ramos. “En las dos declaraciones testimoniales de D´Alessio en la causa del gas natural licuado ante Stornelli incurre en falsedades, las cuales son soslayadas por el señor fiscal”, agregó.
El denunciante sostiene que D’Alessio se presentó en el expediente del GNL como “abogado” y que aportó un “escrito” que le llegó de “forma anónima” a su estudio jurídico. Y que en la segunda declaración ratificó “todo el contenido” de una entrevista publicada por Santoro en Clarín.
Además, señaló que el falso abogado “presionó” al testigo y ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, a quien el periodista había reporteado, para realizar “imputaciones inexistentes” a exintegrantes del gobierno de Cristina de Kirchner. “Existen notas periodísticas donde confirman la declaración de Brusa para inculpar a inocentes, lo cual también se encuentra acreditado en la causa del juzgado federal de Dolores”, explicó Herrero, en referencia al periplo de Ramos Padilla.
Las actas de las dos testimoniales que tomó Stornelli a D´Alessio se fecharon el 5 y el 12 de noviembre, pero recién fueron incorporadas por Bonadio al expediente el 14 de febrero siguiente, lo que permitió la indagatoria a Cristina, el posterior procesamiento y un nuevo pedido de detención.