Por:
Johana Gómez.
Referente provincial del PTS / Frente de Izquierda.
El pasado martes, se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que implica un duro revés para el gobierno nacional de Mauricio Macri, ya que deberá pagarle a San Luis $15.000 millones en concepto de coparticipación de impuestos.
Todo comenzó con una causa iniciada en el año 2015, en que la provincia de San Luis le reclamaba al ejecutivo nacional retenciones de ANSES y AFIP. El reclamo llegó a la CSJN por haber incumplido la administración presidencial un fallo de aquél año, respecto a descuentos indebidos de coparticipación.
A través de su resolución, el máximo tribunal del país le dio la razón a la demanda puntana, debiendo Nación pagarle a San Luis la suma de 15 mil millones de pesos: $11.500 millones como parte del reclamo a la ANSES y $3.500 millones como parte del reclamo a la AFIP.
El pronunciamiento de la Corte Suprema es más que preocupante para el macrismo, atento a que la provincia de Santa Fe libra un reclamo similar – pero, por 45 mil millones de pesos – y el fallo a favor de San Luis se convertiría en un antecedente judicial (jurisprudencia) contrario a los intereses del gobierno nacional cambiemita.
Ahora bien, en caso de que la provincia de San Luis cobre ese dinero, ¿qué hacer con los 15.000 millones de pesos?
Se podrían destinar para combatir la violencia de género.
La catarata de femicidios en lo que va del año (30 casos en apenas un mes y medio) vuelve a poner en tela de discusión la imperiosa necesidad de un Plan de Emergencia contra la violencia de género y contra la violencia hacia las mujeres.
Sabido es que el gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá viene destinando porcentajes irrisorios del presupuesto anual local (0,17 % en el año 2017, por ejemplo) para las problemáticas de violencia y, un porcentaje aún menor para programas de asistencia, seguimiento y capacitación a las víctimas.
Con los fondos que Nación le debe a San Luis en concepto de coparticipación, se podrían construir refugios para las personas que sufren violencia, un régimen de asistencias económicas, licencias laborales y educativas e impulsar equipos interdisciplinarios especializados en esta problemática en todos los hospitales y centros de salud de la provincia.
Se podrían destinar para educación, salud, vivienda y/o trabajo.
Por el lado educativo, bien vendría el dineral de la coparticipación para financiar todos los problemas de infraestructura que tienen las escuelas públicas provinciales, después de años y décadas de abandono gubernamental. Lo mismo para las condiciones salariales y laborales del sector docente, que cada vez se encuentra más precarizado y con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes.
Si tenemos en cuenta a la salud pública, sus problemas estructurales salen a la luz cada vez que los hospitales y centros de salud reciben a los miles de pacientes que buscan diariamente atención médica: largas colas para conseguir turnos, listas de espera para las cirugías y estudios médicos, cierre de salas enteras e interrupción de servicios, malas condiciones edilicias, faltante de trabajadoras, trabajadores y profesionales de la salud, y falta de infraestructura, aparatos médicos e insumos. El dinero que la administración nacional le debe a San Luis no vendría para nada mal, a los fines de solucionar aquéllos problemas.
Con respecto a la vivienda, la provincia tiene problemas habitacionales, contándose por miles las personas y familias que aún no pueden acceder a la vivienda propia. Una respuesta integral a esta problemática sería destinando la plata de la coparticipación a un Plan de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda que sea gestionado por las mismas trabajadoras y los mismos trabajadores del sector junto a comités de beneficiarios y familias beneficiarias, y organizaciones barriales.
Por último, la falta de trabajo y/o el trabajo precario – principalmente, en los sectores juveniles – es una constante y va en aumento no sólo a nivel nacional sino también a nivel provincial. Las reformas laborales encubiertas impulsadas por los distintos gobiernos han hecho lo suyo para que una franja importante de la juventud no conozca lo que es el trabajo estable, en blanco y bien remunerado.
En este sentido, son completamente hipócritas las declaraciones de Claudio Poggi (candidato macrista por la gobernación) al decir que “con los $15 mil millones que recibirá San Luis generaría empleo y un gran plan de viviendas”, cuando su padrino político (el presidente Mauricio Macri) se ha encargado en todo su mandato de ajustar los bolsillos de la clase trabajadora con despidos y suspensiones en diversos lugares de trabajo, como así también de precarizarlo más de lo que ya está con reformas laborales por convenio, rubro y sector.
La generación de empleo con los fondos de la coparticipación que va a recibir la provincia no se tiene que hacer con la lógica neoliberal del macrismo y sus adeptos locales sino con la finalidad de que los puestos de trabajo que se generen sean estables, en blanco y con salarios que cubran la canasta básica familiar.
Ni los Rodríguez Saá, ni los Poggi.
