La Corte Suprema rechazó el recurso de queja pedido por los abogados del Correo Argentino S.A, firma manejada por el Grupo Macri, para desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso preventivo abierto en septiembre de 2001, luego de que el holding de la familia presidencial consiguiera privatizar y manejar la firma durante el menemismo. El rechazo fue por unanimidad del máximo tribunal debido a que la apelación no se presentó contra una sentencia definitiva.
De esta manera, los abogados del Correo S.A agotaron las instancias para evitar que se llevan adelante una serie de medidas clave solicitadas por la fiscal Boquín y que apuntan a investigar el corazón del holding de la familia presidencial. El pedido para separar a Boquín se inició cuando la fiscal solicitó varias medidas de prueba tendientes a constatar supuestas maniobras de vaciamiento del Correo, en favor de las firmas Sideco y Socma, ambas también del Grupo Macri.
El pedido había sido rechazado en primera instancia y también por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que, con la resolución de las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, reconoció la «legitimación» para requerir medidas. En ese momento, las camaristas rechazaron el recurso extraordinario presentado por los abogados del Correo S.A. para llegar a la Corte Suprema, por lo que el único recurso pendiente era el recurso en queja.
La causa, que lleva años sin avanzar, tomó estado público a principios de 2017, cuando la fiscal se opuso al acuerdo que intentó cerrar el Estado, que favorecía al Grupo Macri con una condonación de deuda de más de 70 millones de pesos. Tras el escándalo, el presidente Macri ofreció una conferencia de prensa en la que pidió volver a foja cero y avanzar en la investigación, que sigue siendo demorado por los abogado del holding familiar.
La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria al ex ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, como responsable de ordenar la validación de aquel acuerdo «abusivo» para las arcas estatales. La citación a Aguad se enmarca en una causa penal por defraudación al Estado, en la que están imputados y también llamados a declarar Juan Manuel Mocoroa, el entonces responsable de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del Correo, Jaime Robirosa, y el asesor letrado Leonardo Kleidermacher. El único acusado que no fue convocado a declarar fue el presidente Macri.
Las citaciones fueron ordenadas por Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien en su dictamen consideró que existen «elementos suficientes para sostener que a través de la celebración del acuerdo “obligaron abusivamente a la administración pública con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA». Ese marco probatorio surge de la investigación hecha por Boquín en la causa del concurso de la que intenta ser desplazada por los abogados del Grupo Macri.
