San Luis (LaNoticia) 05-11-18. El viernes fue el turno de víctimas de la dictadura que fueron ignorados por el juez y el fiscal federal de la época. Los procesados no presenciaron la audiencia.
En la segunda audiencia del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis durante la última dictadura cívico-militar, fue el turno para brindar su testimonio como víctimas de Mabel Irene Merlino, Víctor Hugo Ciriveni -quien lo hizo por teleconferencia desde San Juan-; y de Raúl Alberto Castillo y Raquel Camacho -ambos desde Mendoza-. En todos los casos se pudo escuchar cómo los imputados Eduardo Allende -como juez federal de la época- e Hipólito Saá -como fiscal federal, aunque no está siendo juzgado por razones de salud- hicieron caso omiso a sus denuncias por torturas de parte de las fuerzas estatales, siendo cómplices silenciosos de los tormentos sufridos “por zurditos”.
Mabel Irene Merlino
En el caso de Merlino, fue detenida en circunstancias en que trabajaba como psicóloga en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). El principal encargado de los tormentos fue Esteban Pla junto a otros militares, quienes permanentemente le gritaban “así que sos zurdita”, “así que sos guerrillera”, “así que sos montonera” y que los interrogatorios giraron en torno de si conocía a Juan Sarmiento. Tal como está ocurriendo hoy en Brasil, los grupos de tareas buscaban panfletos con “propaganda comunista”. También aseguró que en una de las sesiones de tortura, la pusieron en presencia de Sarmiento, quien estaba desfigurado por la tortura recibida, y que éste les dijo “esta es la mujer de las que les hablé”, destacando que con posterioridad y ante los jueces cómplices, Sarmiento denunció que había declarado eso bajo tortura, algo que a Allende le entró por un oído y le salió por el otro, porque no movió un dedo para investigar la denuncia. Lo más grave de lo testimoniado por Merlino, fue que en una audiencia con Allende, éste le dijo que él no podía hacer nada y que iba a mandar el expediente a los militares para que decidieran, algo horroroso teniendo en cuenta que era él la máxima autoridad para definir la prisión o la libertad de las personas. También contó que en un momento, estando en el Servicio Penitenciario Provincial, traen a Mirtha Rosales hasta un lugar contiguo a la sala en que estaban, que gritaba desesperada y que cuando le abren la puerta, entró desfigurada, con la cara hinchada, el cuerpo lleno de moretones, a punto tal que “tres presas comunes se desmayaron”. Merlino estuvo detenida sin cargo alguno durante cuatro años.
Víctor Hugo Ciriveni
Por teleconferencia y desde San Juan, por estar residiendo allí, se escuchó el relato de Ciriveni. Siendo estudiante universitario, vivía en una pensión sobre calle Maipú enfrente al pasaje Teniente Ibáñez, lugar en donde los grupos de tareas irrumpieron violentamente buscando a Federico Suárez, con quien los grupos se enfrentaron en un domicilio ubicado en la misma manzana, pero sobre calle Colón. Suárez fue abatido en ese procedimiento. En el caso de Ciriveni, su relato es terrorífico, puesto que dijo que fue torturado salvajemente “tal vez porque fui el primero que llegó a Investigaciones”. Esto lo señaló porque en esa pensión lo detuvieron junto a otros pibes que vivían allí, pero a ninguno de los otros los torturaron. Cuando fue liberado al poco tiempo, junto con un médico amigo se dirigió al Juzgado Federal y realizó la denuncia por torturas ante el mismísimo Allende, quien -como en todos los otros casos- no investigó absolutamente nada, convirtiéndose en cómplice del accionar de los grupos de tareas.
Raúl Castillo y Raquel Camacho
Desde Mendoza, contaron su relato Raúl Castillo y Raquel Camacho, quienes para esa época eran matrimonio, aunque en la actualidad están divorciados.
En el caso de Castillo, contó que alquilaba -junto a su mujer y su pequeño hijo- una casa ubicada en calle Colón casi llegando a avenida España, y que le estaba por subalquilar una pieza a Federico Suárez con quien militaban en la Juventud Peronista. Que una noche, estaba también una bebé, hija de Suárez, a quien estaban cuidando y que de pronto llegaron los grupos de tareas y lo sacaron a los golpes del lugar. Los grupos querían saber de Suárez, los nombres de todos los que conformaban ese espacio político, que para los grupos eran “zurditos guerrilleros”, como así también en dónde se hacían las reuniones de la JP. Castillo fue torturado hasta perder el conocimiento, tras lo cual un médico -supuestamente Caram otro de los imputados en este juicio- “me inyectó algo, y me siguieron torturando”. Dijo que en el allanamiento no había ningún juez y que Suárez fue abatido durante la mañana del día siguiente, cuando fue a buscar a su hijita. También aseguró haber estado ante Allende, a quien le contó los tormentos sufridos, algo que de nada sirvió, porque no se inició ninguna causa por torturas.
En el caso de su ex esposa, hizo el mismo relato que Castillo sobre la ocurrido aquella noche-madrugada, y que cuando la sacan ve a su marido tirado en el piso lleno de sangre y con marcas de haber sido brutalmente golpeado. Que en su caso fue llevado a lo que presume fue una institución de menores, porque había una monja atendiéndola, y que un día llegaron sus padres a quienes les dieron los dos bebés, puesto que en el caso de la hija de Suárez dijo que era hija de una empleada de su madre, cuento que los grupos se tragaron y tal vez por ello no se apropiaron de la nena.
Continuidad
Las audiencias del Tribunal Oral Federal presidido por Julián Falcucci, que integran Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi, y que tienen procesados a Eduardo Allende, Jorge Omar Caram y a Alberto Eduardo Camps, tendrán continuidad el próximo 15 de noviembre, día en que se escucharán dos testimonios.
Carlos Rubén Capella
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