Los últimos Gobiernos de Perú, desde la década de los 80 con Alan García, han cometido numerosas violaciones en el marco de los derechos humanos. Desapariciones, asesinatos y violaciones de los derechos humanos ocurrieron en los últimos 30 años.
Especialmente destacado es el caso de Alberto Fujimori, quien gobernó por diez años los designios del país suramericano y a quien se le atribuyen numerosas violaciones en materia de derechos humanos.
Una de las acciones más representativas de su mandato, fue el «autogolpe» en 1992, en el que disolvió el Congreso y el Poder Judicial, en medio de un gran descontento social. Esta medida le permitió consolidar un régimen autoritario, a través del cual ejerció reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Este 3 de octubre el Poder Judicial de Perú anuló el indulto humanitario que otorgó en diciembre pasado expresidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Fujimori, en respuesta a la petición hecha por familiares de las víctimas. Fujimori deberá reingresar a la cárcel que la autoridad penitenciaria designe.
Los crímenes de lesa humanidad de Fujimori
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, sentencia ratificada en 2015.
El primer caso abarca el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue descartado por la justicia.
Por otra parte, el segundo caso corresponde al secuestro asesinato y entierro en fosas a ocho estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, el 18 de julio de 1992.
En ambas acciones estuvo involucrado el Grupo Colina, un destacamento de inteligencia que combatía a movimientos como el mencionado Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), contra quienes combatió durante todo su mandato.
Fujimori, condenado por dar libertad y garantizar impunidad a esta organización, se le acusó, además, de irrespetar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y la libertad de pensamiento y de expresión, entre otros.
La Justicia chilena aprobó el pedido, realizado por la justicia peruana en el 2015, para que Fujimori sea procesado en Perú por dos delitos adicionales, homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir. El dictador fue extraditado desde Chile tras llegar allí en 2007.
Estos crímenes están relacionados con el asesinato de seis personas en el distrito de Pativilca, Barranca, en el año 1992, a manos del grupo Colina.