Las distintas versiones del gobierno feudal iniciado en 1983 tienen como rasgo común el desapego por lo constitucional-legal. A veces lo muestran por la vía de la violación lisa y llana, otras por la interpretación antojadiza de los textos. En otras por ignorancia. Tanto lo han hecho, que esto de la ignorancia se ha transmitido a muchas generaciones de jóvenes funcionarios como un rasgo propio de la llamada “escuela de administración de San Luis” para lo que suelen contar con una justicia acostumbrada a mirar para otro lado.
Una buena muestra de lo dicho lo constituye el cómo se ha actuado en la multa que el gobierno provincial le ha aplicado a la Municipalidad de la ciudad de San Luis, por una posible contaminación producida por la Planta de Tratamiento Cloacal. Veamos los detalles:
1* La Municipalidad de San Luis por Carta Orgánica tiene jurisdicción sobre la problemática ambiental. Por lo tanto el gobierno provincial según la ley IV-0876-2013 art. 9 sólo puede intervenir si el municipio no se encuentra en condiciones de cumplir esa responsabilidad; lo que debe probar debidamente y no entrometerse a escondidas.
Apruebo que el gobierno provincial se preocupe por una eventual contaminación en la ciudad capital. Pero debe hacerlo cumpliendo la ley y en el marco de políticas de estado acordadas oportunamente con el municipio.
2* Cuando se hace una inspección de este tipo la parte inspeccionada debe estar al tanto y participar de la toma y conservación de muestras, incluyendo las muestras testigo. O al menos debieran intervenir terceras partes autorizadas para certificar debidamente el procedimiento y convertirse en los guardianes de las muestras testigo.
3* El gobierno provincial ha contratado para esta tarea a una empresa no habilitada por el municipio para cumplir ese tipo de trabajo tan especializado. Inició el trámite pero no lo completó y en él debieran constar al menos los antecedentes de formación específica de los profesionales responsables.
4* El informe que origina la multa está firmado por dos “Técnicos de Laboratorio”. Pues bien, a esos títulos les falta algo. No hay carreras cortas (también denominadas de pre grado, terciarias o tecnicaturas) que se denominen solamente Técnicos de Laboratorio; hay muchos tipos de laboratorios y los títulos deben precisar la especialidad. Lo de Técnico de Laboratorio es confuso a fuerza de incompleto.
5* Además y conforme a lo vigente en el ámbito de la educación superior, los egresados de estas carreas cortas o tecnicaturas, no están autorizados para firmar informes en calidad de responsables. Lo que les está reservado a profesionales con títulos de grado (licenciados, ingenieros, etc) con especialidad en el tema. Los técnicos no se incluyen en la categoría de profesionales, participan de los estudios, pero no firman como responsables.
6* Esto de la responsabilidad de los técnicos es ignorado olímpicamente por este gobierno. Una muestra son los títulos que otorga la Universidad de La Punta. Por ejemplo la carrera “Tecnicatura en Gestión Ambiental” expresa que sus egresados entre otras tareas, están capacitados para:
Desarrollar y gestionar auditorías ambientales
Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar Sistemas de Gestión Ambiental.
Debiera decir que esos técnicos pueden integrar equipos que hagan esas tareas, bajo las directivas de profesionales que son los responsables.
No en vano el Gobierno de San Luis por decisión de Alberto Rodríguez Saá (con la obediencia de Poggi) no quiere pedir la integración de la ULP al sistema universitario nacional.
La Constitución provincial autoriza al gobierno a crear universidades, pero eso no significa que lo pueda hacer con criterios reñidos con lo acordado por todas las universidades para regular las carreras de modo tal que se integren a las pautas universitarias internacionales.
7* La citada Ley IX-0876-2013 exige para los estudios de impacto ambiental que el Ministerio de Medio Ambiente cuente con “… un laboratorio propio o contratado, debidamente equipado para el estudio de las muestras extraídas” (Art.8ºc) Pues bien, la contratada no cuenta con el requisito de habilitación conforme la autonomía que le es propia al municipio. Y si lo tuviese en la provincia, debiera haber sido precisado en el informe que origina la multa.
8* La misma ley dice en su art 14º “…siendo exigible que el profesional que realiza las conclusiones se encuentre debidamente inscripto y habilitado por la Autoridad de Aplicación. El resto de los profesionales intervinientes sólo deberá acreditar su título profesional con competencia para firmar los estudios que realiza y la matrícula provincial cuando exista el respectivo colegio profesional en la provincia.”
Ya señalé que no hay en la notificación de multa constancia de una inscripción así. No hay ley referida a los profesionales que pueden actuar en lo ambiental. De haber algún decreto, no es fácil encontrarlo por lo escaso de la información provincial.
La cadena
Aparece así en este caso una cadena de varios de los vicios de este gobierno.
Como siempre, ignorando y violentando la autonomía municipal.
Con una plausible pero selectiva vocación ambiental pero sin cumplir con las exigencias que sus propias leyes precisan.
Quiere tener universidades pero fuera del sistema universitario nacional.
Otorga títulos según sus propios criterios creyendo que puede autorizar tareas que no se pueden cumplir en el resto del país.
Se mueve con impunidad gracias a sus manejos con los poderes legislativo y judicial.
Ha instalado antes que ningún otro gobierno, un relato con el que impone su manera de pensar y gobernar, propia de un feudo con el rótulo de democracia.
Este espíritu feudal no se puede corregir, sólo desaparece cuando se reemplaza a los feudales con republicanos.
La Municipalidad de San Luis hace lo correcto al rechazar esta multa impuesta al margen de lo legal. Pero como el tema ambiental es de marcada importancia y sensibilidad social, no debiera quedar oculto. Sería bueno que haga estos mismos estudios en el mismo lugar, por los procedimientos correctos. Y que los dé a conocer, asumiendo lo que haya que asumir y aplicando los correctivos que sean necesarios.
Porque no corresponde que la parafernalia propia de la política en un año electoral nos impida conocer la verdad de lo que ocurre.