“Negar el acceso a un aborto seguro (realidad de la vida sexual de millones de personas con capacidad de gestar) es una práctica violenta y de poder ejercida por algunos/as profesionales de la salud. Se ocultan detrás de lo que llaman derecho, cuando a las claras está que es solo un lugar de privilegio, porque el derecho de una persona no puede ser superior jamás al derecho a una vida digna de otra. Y abortar de forma segura, sin miedo a morir, sin estar condenadas a la clandestinidad, a la tortura, a la soledad, es un derecho básico”, señaló en un comunicado la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (RPSDD). La declaración, firmada por la entidad que nuclea a “más de 800 profesionales de la salud de todo el país”, se dio a conocer ayer, en vísperas de una jornada de acciones por la legalización del aborto, que comenzará hoy a las 13.30 en el Senado con una conferencia de prensa para exigir “el tratamiento sin dilaciones” del proyecto ya sancionado por Diputados. Al atardecer, será el turno del “Pañuelazo federal”, la convocatoria de la Campaña por el Derecho al Aborto que fue tomada por colectivos de todo el país y resultó en cronograma de un mapa de manifestaciones, pañuelo verde mediante, en plazas de punta a punta de la Argentina.
El documento de la Red refiere el marco legal vigente, “ante las serias declaraciones públicas que están haciendo muchos grupos de profesionales de la salud antiderechos, violando leyes existentes”. Además, recuerda que “los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como parte de los derechos humanos”. “Lxs más de 800 profesionales de la salud de todo el país (…) hace años que venimos garantizando el acceso a estos derechos. La diferencia con los grupos antiderechos radica en que nosotrxs hacemos uso de las leyes vigentes para garantizar atención de calidad y encuadrada en los derechos humanos vigentes. Acompañamos a las personas gestantes en lo que sea que decidan, que ellas decidan. Trabajamos a conciencia y acorde a los estándares establecidos mundialmente, no forzamos a nadie ni a una maternidad obligatoria ni a un aborto inseguro. Tampoco anteponemos nuestras creencias personales al momento de atender a una persona, ni recomendamos según nuestro punto de vista como debería de actuar ni elegir en su vida”, indicó el comunicado.
En tanto, la Campaña realizó una conferencia de prensa en el Senado “para exigir la sanción definitiva de la ley”. “Exigimos el tratamiento sin dilaciones en el Senado y que se mantenga la letra de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados, y que se acuerde en próxima reunión de labor parlamentaria en esa Cámara la fecha de votación”, detalló el anuncio del encuentro, del que formarán parte legisladoras y legisladores de ambas Cámaras, dirigentes sociales, activistas y representantes de ONG.