El veto presidencial a la revisión de tarifas resonó fuerte en varias cámaras empresarias del sector industrial. El impacto del aumento de las boletas de gas y luz a partir de 2016 impacta duramente sobre los costos, pero esa repercusión es todavía mayor por un presente de crisis por la caída del mercado interno y el aumento de la competencia importada para muchos de los rubros en que se desempeñan. Los sectores industriales afectados se ilusionaban con que se abriera una negociación entre oficialismo y oposición en el Congreso que alumbrara alguna fórmula de alivio. No ocurrió, entre otras cosas, suponen, porque no cuentan en el Ministerio de Producción con el mejor defensor de sus intereses. Francisco Cabrera, su titular, se permitió asegurar pocas semanas atrás en una entrevista con La Voz del interior, que no conocía “un solo caso de empresa mediana o pequeña que haya cerrado por culpa de las tarifas, la incidencia en los costos no pasa del 5 por ciento”. No es mera coincidencia que, entre los miembros de la dirigencia empresaria nacional, circulara a partir del jueves fluidamente el corte de la grabación del discurso del senador Miguel Pichetto, al cierre del debate sobre revisión de tarifas, cuando le reclamó a la vicepresidenta de la Nación “terminar con este ministro de la Producción”.
La ratificación del tarifazo en toda su magnitud llegó como un baldazo de agua fría para el sector productivo. Cayó justo en una semana donde hubo un cúmulo de novedades en materia de cierre de empresas y suspensión o despido de personal. El fantasma del desempleo sobrevoló por todo el país. Hubo 164 despidos en Alpargatas, con 75 en Santa Rosa (La Pampa), 68 en Catamarca (32 de la rama textil y 36 de calzados), 13 en Florencio Varela y 8 en Bella Vista (Corrientes). A ellos se agregan 51 retiros voluntarios entre La Pampa (29) y Catamarca (22). En el caso de la fábrica de termotanques y calefones Rheem, dio de baja 119 contratos de su planta en San Luis, porque estaría concentrando su actividad en sus instalaciones de Catamarca. En la semana también se conoció la suspensión del personal de la empresa Mabe (fábrica de heladeras y cocinas) por el cierre de la planta por 30 días, afectando a más de 250 trabajadores de su planta en San Luis. A fines de abril ya había cerrado una línea de producción en Haedo, en otra de sus instalaciones. Simultáneamente, se informó sobre el despido de 20 trabajadores en la fábrica de ollas Essen y otros 40 en Corven, productora de motos de baja cilindrada, ambas radicadas en Venado Tuerto (Santa Fe), según denunció la UOM local. También se anunció el cierre definitivo de la fábrica de alfombras Karavell, en Mercedes (Buenos Aires), dejando a 65 trabajadores en la calle.
Desde la UOM de Río Grande (Tierra del Fuego) denunciaron la pérdida de casi 800 puestos de trabajo “en apenas pocos días”. De forma directa o indirecta, el tema de las tarifas aparece entre las causantes. “Si ha bajado el consumo de leche, mientras se prioriza el pago de las tarifas siderales de los servicios públicos que llegan, podemos suponer lo que pasa con la compra de productos electrónicos”, reflexionó un dirigente del gremio, para referirse a la situación del rubro más representativo de la industria fueguina. Ricardo Linares, secretario adjunto de la UOM Río Grande, estimó en alrededor de 750 el número de contratos a plazo fijo que no iban a ser renovados en el sector. Mirgor se encuentra en conciliación obligatoria, tras las medidas de fuerza en rechazo a la amenaza a la fuente de trabajo de 500 contratados. Foxman está adeudando el 50 por ciento de los sueldos de abril cuando ya vencen los de mayo, y hay otras empresas de la isla donde el gremio metalúrgico ha denunciado conflictos por peligro de pérdidas de fuentes de trabajo (BGH, Fapesa y Audivic, entre otras).
La producción de equipos de aire acondicionado, que estacionalmente suele arrancar con el inicio del segundo semestre, este año se plantea “como mínimo, retrasarla”. Muchas plantas del sector proyectan la posibilidad de reducir turnos y atender la producción con dotaciones mínimas. Achicamiento del mercado por caída del poder adquisitivo, mayor oferta de productos importados facilitada además por los mecanismos de compras puerta a puerta, menor interés en los aparatos por el elevado costo de la energía y la campaña oficial para limitar su uso, forman un combo de efecto desaliento sobre la demanda que ya se hace notar.
Las poco felices expresiones del ministro Cabrera, aludiendo a la escasa incidencia de las tarifas energéticas sobre las pymes, fueron respondidas, entre otros, por el titular del Frente Productivo de Lanús, Daniel Moreira. “Es insostenible lo que dice el ministro; si hoy la incidencia es del tres al cinco por ciento después de un tarifazo de casi 1000 por ciento, ¿de cuánto era antes? Que traiga sus planillas Excel y nos muestre. Tenemos sobrados ejemplos de pequeñas y medianas empresas en las que las tarifas tienen hoy una incidencia del 30 por ciento en sus costos. Que bajen al territorio donde están las pymes y vean cuántas persianas se cierran todos los días”, le reclamó. Moreira estimó que en el 50 por ciento de las pymes cerradas, las tarifas tuvieron una incidencia decisiva. “Si a la inflación, la apertura indiscriminada de las importaciones y las tasas de interés que hacen que el mercado interno no consuma, le agregamos el costo de los servicios eléctricos, el combo es fatal”.
“¿Escuchaste a Pichetto?”, se preguntaban unos dirigentes industriales a otros esta semana, tras el debate de la ley de revisión de tarifas en el Senado. De la mano del comentario, circulaba la grabación de la palabra del legislador del peronismo federal, un ex aliado del gobierno que ahora puso a Francisco Cabrera en el ojo de la tormenta. Apuntando al gobierno y a la vice, Gabriela Michetti, que preside el Senado, criticó los tarifazos que “han hecho volar las utilidades de 5 ò 6 empresas que están en la generación de gas”, mientras condenan a muchas firmas industriales a perder posiciones en el mercado. “Y eso es pérdida de empleos”, subrayó. “Tienen que cambiar la lógica, y apostar por la inversión, el crecimiento y el consumo, terminar con este ministro de la Producción que sigue importando cualquier estupidez, con el puerta a puerta, con todo lo que viene de China, con los productos textiles que invaden el mercado y provocan el cierre de fábricas”. Y no sólo le habló de las pymes. “El otro día lo escuchaba a Pagani (Luis, presidente de Arcor), que tiene sesenta fábricas, decir que le daba lástima vivir en un país que importa latas de tomate. También importamos caramelos, zapatos de Brasil. Y todo eso es pérdida de empleo, sustitución de mano de obra argentina por china. ¿Qué sentido tiene perjudicar a todos esos industriales?”, se preguntó casi en tono de súplica a la vicepresidenta de la Nación.
Pichetto, cómodo sin embargo en el rol de “peronista racional”, le habló al gobierno desde el lugar de un desilusionado, posición que no hizo suya pero le sirvió para ponerse en el cuerpo de los empresarios a los que aludía. “Aunque veten esta ley, deben repensar cómo graduar la tarifa para que la puedan pagar. Si no, van a perder contacto y la confianza de la gente que tenía fe en que este gobierno podía encarar un capitalismo moderno no prebendario, un capitalismo de desarrollo…”.
No son pocos los dirigentes empresarios que se identificaron con ese discurso. Por eso lo divulgaban, subrayando el párrafo que arranca “tienen que terminar con este ministro de la Producción”. El senador, oportuno, dijo lo que otros piensan y no dicen. “Es un gobierno de CEOs, no de empresarios”, afirman los dirigentes industriales, que sienten que Cabrera no los interpreta. Menos, los representa. El tarifazo y su ratificación resquebrajó un poco más los puentes con el gobierno que ya venían dañados.