A partir de este 1 de noviembre entrará en vigor la ley antiterrorista en todo el territorio francés, la nueva normativa impulsada por el presidente Emmanuel Macron busca fortalecer las medidas de seguridad para impedir nuevos atentados terroristas.
La nueva ley suplantará el estado de emergencia vigente en Francia desde los atentados del 13 de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos. El nuevo ordenamiento fue adoptada por una amplia mayoría del Parlamento, donde la respaldaron 415 de los 577 diputados y 242 de los 348 senadores.
En entrevista para teleSUR el internacionalista Francisco Peña explicó que con la aprobación de la ley antiterrorista, las disposiciones y medidas usadas durante el estado de emergencia perdieron su carácter de excepcional y pasaron a ser ordinarias.
El analista detalló que los organismos de seguridad e inteligencia franceses podrán intensificar sus acciones para impedir y prevenir posibles atentados terroristas ( allanamientos, espionaje electrónico, registros sin orden judicial).
Para Francisco Torres la ley viola claramente algunos de los derechos consagrados en la Constitución francesa. El analista destacó que “la nueva norma va a castigar la intención de realizar el delito y no el delito” y añadió que en ninguna parte del mundo se castiga sin existir el crimen.
Que permitirá la ley
Francisco Torres comentó que la ley endurecerá las medidas excepcionales del estado de emergencia del 2015.
La ley antiterrorista permitirá el registro y arresto de personas sin mediar aprobación de un juez, restringirá el libre movimiento y reuniones de las personas, facultará a los prefectos -representantes del Estado en los territorios del país- de establecer perímetros de protección en lugares de concentración ciudadana como estadios, eventos o mercados, realizando controles libremente a las personas que ingresen en esos espacios.
Se extenderá los controles de identidad en el ámbito geográfico a un radio de 10 kilómetros alrededor de puertos, aeropuertos y estaciones de tren internacionales, disposición que afectaría -por tratarse de posibles «sospechosos»- a extranjeros que se encuentran en Europa en situación irregular o los franceses de origen no europeo.
Permanecerá vigente la potestad policial de realizar registros domiciliarios sin orden judicial.
Los registros tendrán que ser autorizados por un juez tutelar, al que no será necesario informar sobre las sospechas policiales.
Críticas a la ley
Según Francisco Torres los ciudadanos franceses estarán expuestos a la intervención de sus aparatos electrónicos, revisión de correo, escuchas telefónicas y otras acciones por parte de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado sin autorización judicial.
Torres aseguró que la aplicación de la ley no impedirá que se realizen nuevos atentados terroristas en la nación gala y puso como ejemplo el hecho ocurrido en la ciudad de Nueva York donde fallecieron cerca de diez personas.
El analista dijo que la puesta en marcha de la Ley Patriota en EE.UU. tras el 11 de septiembre de 2002 no ha impedido que se lleven a cabo actos terroristas.
Para Francia Insumisa, principal partido de la izquierda, y diversas organizaciones gubernamentales, la ley antiterrorista es «liberticida».
Asociaciones de defensa de los derechos humanos y del propia Consejo de Europa, que ven en la nueva legislación una amenaza a las libertades individuales.
A pesar de las criticas en relación a la ley, el mandatario francés señaló este miércoles en la Corte Europea de Derechos Humanos que «La seguridad absoluta no existe», «y la prueba está en que hemos sufrido atentados durante la vigencia de las medidas de excepción». «La nueva ley vela al máximo por la seguridad y, a la vez, respeta las libertades» añadió.
